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En los últimos programas hemos inaugurado una nueva broma interna, que consiste en anotar los «agravios» que recibe la sociedad, ya sea por parte de políticos, jetas o similares.
Por ejemplo, que Esperanza Aguirre privatice la sanidad madrileña es discutible, pero que diga que ella destapó la trama Gürtel es un agravio a la inteligencia de la sociedad. Que Fèlix Millet desfalque las cuentas del Palau de la Música es un delito, pero que robe dinero de una fundación para niños con deficiencias es otro agravio y, además, «feo de cojones».
En el tema que nos ocupa hoy, juzgar a Garzón por prevaricación es discutible y posiblemente–no, ¡seguro!– tiene implicaciones políticas franquistas de fondo. Pero eso es una cuestión que deberán decidir los jueces.
Ahora bien, que éstos critiquen que la ciudadanía se posicione, eso, amigos, ¡es un agravio como la copa de un pino!
¿Qué creen, que por haber estudiado Derecho y haber sacado unas oposiciones están por encima del bien y el mal y exentos de rendir cuentas a nadie? El trabajo de los jueces, sean de primera instancia, del Supremo o de pasantes en una asesoría, siempre ha de estar sujeto a crítica. Si no son capaces de aguantar la presión o no desean que los ciudadanos opinemos sobre lo que nos parece correcto, acabáramos.
De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda el silencio sobre las decisiones judiciales. El «acato pero no comparto», sin declaraciones posteriores. Pues a mí me parece inaceptable.
Que se han de acatar, sí. Son las reglas del juego. Pero también se pueden comentar, argumentar, debatir, mostrar la conformidad o disconformidad. Ya no vale afirmar «dejemos que los jueces trabajen» en una especie de burbuja inaccesible para el resto de los mortales y apartados de la sociedad, éstos han de rendir cuentas como cualquier funcionario público. Todos sabemos que deben hacer cumplir la ley, y las leyes las redactan los políticos, pero casos como el del Estatut de Catalunya demuestran el doble rasero con el que se puede actuar cuando se es magistrado.
En la mayor democracia del mundo, los Estados Unidos de América, cuando hay elecciones, se vota no sólo al representante político sino también al jefe de policía, al juez y una serie de funcionarios públicos que deben rendir cuentas frente a sus ciudadanos. Eso es separación de poderes. Eso es un verdadero control democrático frente a los caraduras y jetas que llevan apoltronados desde la época de Paquito.
Me indigna que se decida imputar a un juez por levantar la liebre sobre el Pacto de Silencio que todavía hoy sigue en vigor. Cuarenta años después y todavía sentimos el olor franquista que se filtra por los poros de nuestra débil democracia. La dictadura nos legó un enorme grano en el culo, de esos que no se ven hasta que uno se lo toca y desata la furia que lleva enquistada varias décadas.
Me reitero; el enjuiciamiento de Garzón, pese a lo miserable de sus intenciones, debe estar sometido a debate y crítica, como todos los aspectos de la vida. Pero eso también incluye a los jueces y sus decisiones.
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A ver qué os parece esto para el estudio estúpido de la semana: http://www.meneame.net/story/mujeres-prefieren-trabajar-tener-sexo
A mi quizás me parecerían mal las críticas a las altas instancias judiciales si no fuera porque las dudas que ellos mismos han sembrado sobre su parcialidad. Dudas que no hacen más que acrecentar con la manera en que hacen las cosas.
En cuanto a Garzón, sorprende que ahora a la ley de amnistía del 77 se la acuse ahora de franquista, cuando en su día a quienes menos les gustó fue precisamente a los franquistas, y a quien más al antifranquismo (que fue quien más se benefició de ella). Me llama tambien la atención que [*generalización alert*] gran parte de quienes critican la ley de amnistía en internet sean gente que nacieron despues del franquismo o no lo conocieron en su madurez. Personalmente estoy a favor de ensalzar y enterrar correctamente y recordar a los que sufrieron la dictadura, pero no creo necesario juzgar a funcionarios franquistas. Principalmente porque eso implica, en su esencia, juzgar a quienes hicieron la transición, empezando por el rey y por Suarez y por Fraga (frecuentemente criticado, a pesar de ser capaz de unir galleguismo y españolismo en un solo partido, algo que en cataluña y euskadi sonaría a ciencia ficción), y poner en duda las bases de la Constitución misma. La justicia está bien, pero el perdón es superior a la justicia, y en este caso yo prefiero el perdón a la justicia. Claro que los que sufrieron el franquismo en la cárcel no pensarán así, pero bueno.
El problema del debate sobre temas jurídicos no radica en la manifestación de la opinión pública en sí, sino más bien en la falta de conocimientos por quienes la practican que, mediante dichas opiniones, hacen suscitar serias dudas sobre los procedimientos y fundamentos que se utilizan, poniendo en entredicho un sistema que, de por sí, es harto complicado.
No es algo nuevo y actual, durante años venimos escuchando posicionamientos populares sobre conceptos tales como la pena de muerte, los trabajos forzados y el sistema penal de menores. Conceptos que se originan por verdaderas turbas dialécticas populares basadas en corrientes de pensamiento de “barrio” que no tienen más argumentación que la repulsión y la desaprobación de ciertos comportamientos delictivos.
Ciertamente que muchos supuestos como los comentados pueden padecer una apariencia determinada, injusta o inconcebible para el ciudadano medio o no instruido en la materia. Sin embargo no se tienen en cuenta los fundamentos y bases en las cuales se asienta nuestro ordenamiento el cual, aun en constante evolución, debe regirse por unas pautas y normas que estipulen y rijan su contenido, en forma y materia.
El caso del magistrado Sr. Garzón viene recogido en un sumario, el cual debe encontrarse muy bien fundamentado para poder prosperar y serán aquellas personas capacitadas para ello las que deberán determinar el resultado. No es que asegure que no existan posibles influencias políticas y mediáticas sobre el proceso, sino que simplemente me parece injusto que se califique a estas personas como autócratas totalitarios, no olvidemos que no ostentan ese cargo por haber estudiado derecho y aprobar unas oposiciones, son personas muy cualificadas con una amplia experiencia probada y sobe las cuales pesan enormes responsabilidades.
No me parece justo, por lo tanto, que juzguemos popularmente la tarea de estas personas pues la mayoría carecemos del conocimiento suficiente para poder hacerlo con fundamento. Es decir, no me parece mal que se divague sobre la Campanario o la Esteban, porque son figuras mediáticas, o sobre lo políticos, ya que utilizan los medios para beneficio propio, pero para poner en duda los pilares fundamentales de nuestro sistema…creo que meamos fuera del tiesto.
Respecto al sistema estadounidense, no creo que sea el mejor ejemplo. Su sistema electoralista pretende impregnar todos los aspectos sociales con su cóctel particular llamado “democracia”. Una ideología que es tan usada por esa sociedad que ha perdido el sabor original tan característico que promulgaba su Declaración de Independencia. Pensar que la elección de un juez mediante el voto de los electores permite un sistema más democrático y afín al derecho es un error catastrófico. En mi opinión es más efectivo que el cargo lo ostente una persona con la preparación adecuada que acceda por méritos propios, en conocimiento, título y experiencia, así mediante su ejercicio garantizamos una aplicación de un sistema que defiende unos ideales constitucionales y permite un mejor ejercicio de nuestro estado de derecho.
De algo sí que me quedaría de la cultura e historia estadounidense, concretamente de aquél fragmento del discurso de un gran político (porque políticos sí que ha tenido buenos ese país, algunos claro) cuando Abraham Lincoln dijo “…no hay vencedores ni vencidos…”, y es eso lo que debería haberse promovido desde un principio y atajar de raíz, empezando desde arriba. Pero claro, se me olvidaba que sentimientos como el odio mueven votos y opiniones gratuitas, aunque eso nos haga más mal que bien.
Garzón está en el banquillo por al menos dos motivos, al margen de que falange se halle entre los denunciantes:
1) Se ha pasado por el forro la ley de Amnistía del 77. Creo que Diego Calleja ha sido lo bastante claro en este punto.
2) Se ha autodeclarado competente para juzgar algo que se salía fuera de sus competencias. Algo a lo que nos tiene acostumbrados, pues así sucedió en otros casos de ámbito internacional como el enjuiciamiento de Pinochet. Por muy nobles que sean sus principios, estos hechos deberían tratarse en tribunales internacionales como ocurrió en el caso de Serbia con Milosevic o tras la II Guerra Mundial contra los criminales nazis.
Por muy loables que puedan ser sus fines, no creo que la Justicia española adolezca de casos que juzgar; evidente es el colapso del sistema judicial español como para que los jueces (no olvidemos que nosotros les pagamos el sueldo con nuestros impuestos), se dediquen a saciar sus afanes justicieros allende las fronteras.
El mismo juez Varela ha venido a decir algo así como: si no gustan las reglas establecidas, siempre pueden cambiarse.