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Como el lector sabrá, en la comunidad de Aragón se habla el castellano, el aragonés en el norte (con un gran número de dialectos y variaciones), y el catalán en el este, en la franja limítrofe con Cataluña. Ha sido motivo de mofa y estupefacción que las Cortes de Aragón han aprobado una ley de lenguas cuyo elemento más llamativo es que han cambiado la denominación oficial de las lenguas. Por si alguien no las ha escuchado aún 300 veces en los últimos 3 días, recordémoslas de nuevo: El catalán pasa a denominarse LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental), y por si esto fuera leve, el aragonés pasa a ser el LAPAPYP (Lengua Aragonesa Propia de las áreas Pirenaica y Prepirenaica).
La obsesión por cambiar el nombre a la lengua, hasta llegar al absurdo y al ridículo, me recuerda a los movimientos secesionistas lingüísticos que existen alrededor del valenciano. Allí no va del nombre de la lengua, si no de intrincadas discusiones filológico-esotéricas, con las que algunos niegan la evidencia científica (lo que conocemos como catalán y valenciano son dialectos de un mismo idioma) para proponer delirantes teorías según las cuales el valenciano desciende del mozárabe, entre otras, que permitan afirmar que es una lengua distinta del catalán.
Estas historias hacen pensar en que hay un ¿miedo? ¿paranoia? alrededor de la lengua. ¿Tan poderoso puede ser que en una región unos habitantes sepan que comparten el mismo idioma con las gentes al otro lado de una línea en un mapa? ¿Qué cambios puede obrar en las mentes de las personas éste hecho? Parece que alguien teme que se conviertan en pérfidos nacionalistas catalanes (ya quisieran los líderes políticos nacionalistas catalanes que fuera tan fácil convencer a alguien…). Ahora en serio, ¿no demuestra todo esto una extraña y profunda inseguridad?
Allá por 1748 Charles Louis de Secondat (más conocido como Montesquieu) sacaba a la luz su célebre obra “El espíritu de las leyes”. Han pasado 265 años desde entonces y la base de este reconocido documento, la separación de poderes, sigue brillando por su ausencia en nuestra democracia. El poder legislativo debe pertenecer al parlamento, el ejecutivo al gobierno y el judicial a la magistratura, y estos tres organismos deben funcionar de manera independiente. ¿Sucede esto en España? Ni de lejos.
El poder ejecutivo y el legislativo son controlados por el mismo organismo: el gobierno. El bipartidismo endémico de España y la mayoría absoluta de la que goza el PP inhabilitan el poder legislativo del parlamento. Rajoy no tiene que pactar con nadie, legisla y ejecuta sin control externo, ya que es presidente del gobierno y del PP a la vez. Existen fórmulas para separar estos dos poderes como, por ejemplo, elegir parlamento y gobierno por separado. Se podría votar el gobierno cada cuatro años y renovar el parlamento a mitad de cada legislatura, por ejemplo. Podría darse la situación de encontrarnos con un partido gobernando y otro con mayoría en el parlamento, pero reflejaría una separación real de poderes y obligaría al entendimiento entre partidos.
¿Y el poder judicial? Politizado a más no poder. ¿Cómo se entiende que los miembros del tribunal constitucional sean elegidos por los partidos? Los cargos de la magistratura deberían ser elegidos por los propios jueces, no por los partidos. Quizás así algún día veríamos a los políticos corruptos en la cárcel. Quizás así veríamos que todos somos iguales ante la ley. Quizás así Millet, Bárcenas, Pallerols, Correa o Guerrero pagarían el precio justo por sus actos. Y quizás, sólo quizás, la Infanta Cristina declararía así como imputada ante el juez como todo hijo de vecino.
Días atrás, en la enésima bronca en que alguien comparó a los nacionalistas catalanes con los nazis, la periodista Pilar Rahola respondió con virulencia al comparador, el diseñador Javier Mariscal. Y no se le ocurrió nada mejor que, entre otras cosas, recordar que el padre del artista fue falangista y “miembro honroso de la División Azul”, como si para machacar a Mariscal no fuera suficiente con recordar al Cobi. Ésta trifulca me hizo pensar en aquella vez en DLVen que un tertuliano quiso denigrar al polémico opinador de Intereconomía y director de La Gaceta, Eduardo García Serrano, recordando también el pasado falangista de su padre. Lo mismo, Don Eduardo hace suficientes méritos el solito para ser criticado.
Éste fenómeno se da también en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando hay remodelaciones ministeriales, los periódicos regionales comentan cuantos ministros hay de la región en el nuevo gobierno. Como si automáticamente por ser “de los nuestros” el ministro tenga que favorecer la tierra de la que proviene. O al revés, aún aceptando que no es así, seguir esperando ministros de la región, o buscar el agravio si no los hay, simplemente por orgullo tribal.
Hay una forma de pensar, una tentación podríamos decir, en la que todos podemos caer con gran facilidad.Algo que, mirado fríamente es absurdo e irracional. Y aún así, es tan fácil incurrir en ello… se trata de una especie de “tribalismo”, a falta de mejor palabra, en el que las personas son consideradas por pertenecer a una familia, grupo, o región, cuando su pertenencia a dichos conjuntos no es elegida (¿elige usted, amigo lector, la familia o la ciudad en la que ha nacido?). Es un gran absurdo, pues las personas deben ser valoradas o criticadas por sus acciones u omisiones. Esto parece obvio, pero la tentación del tribalismo es fuerte y siempre está allí. Cuidado con ella.
Por cierto, aquí pueden ver qué opina Hitler de que le comparen tanto con los catalanistas.
Era a principios de 2012 cuando el ministro Montoro, anunció una campaña de “regularización de activos ocultos” (si se es partidario del gobierno) o bien “amnistía fiscal” (para los no partidarios). Es algo que de vez en cuando hacen los gobiernos en un ejercicio de pragmatismo extremo. No podemos cazar al defraudador, pero le damos la oportundad de que pague un poco a cambio de olvidarnos de él.
Se trata de dar facilidades a que los que tengan dinero fuera del país, lo lleven a España, lo declaren y paguen impuestos por el. Todo con promesas de que no se perseguirán posibles delitos y que será confidencial.
Por eso me sorprenden tanto los casos en que Hacienda da explicaciones acerca de algunos casos sonados. Recuerdo que esta regularización tuvo un éxito relativo, y sólo en los últimos días aumentó el ritmo de blanqueo regularización. Pero si con el tiempo salen a la prensa tantos casos como éste, éste, éste o éste, se desincentivará que otros se acojan a estas medidas la próxima vez. Que la habrá.
A la hora de analizar las circunstancias que estamos viviendo, los actos realizados desde las más altas instancias de la política parecen moverse en torno a una nueva ciencia que todavía está empezando. A falta de un mejor nombre, propongo bautizarla como “la teoría del descontento”.
En una situación previa a la invención de esta teoría, uno podría entender que la administración de un gobierno debe evitar el descontento en mayor grado, ya que éste puede derivar en una crisis social o económica o incluso ser síntoma de algo peor. Gracias a la aplicación esta nueva disciplina, me alegra poder anunciar un auténtico giro copernicano: el descontento ha pasado a ser la situación normal perfectamente cuantificable a partir de la cual se hacen toda serie de previsiones.
Gracias a esta nueva disciplina ya podemos obviar el engorroso ritual de la opinión pública, ya que se puede predecir el grado máximo de tensión y después fácilmente remontar en campaña electoral. A partir de ahora los partidos sólo tienen que preocuparse del resultado final, y en la era de la magia cualquier truco puede obrar el milagro de la mayoría absoluta.
No soy de los que culpan siembre al “hombre blanco” de todos los males del mundo, pero todos nosotros somos corresponsables de las muertes en Bangladesh. Digo corresponsables porque, no lo olvidemos, los primeros responsables son los gobiernos tercermundistas que permiten la explotación en sus países (inserten chiste sobre la reforma laboral española aquí). Los segundos responsables son los empresarios que abusan de esta legislación para tener en condiciones de esclavitud a sus trabajadores. ¿Deberíamos meter también al trabajador, que antes que pasar hambre prefiere ser explotado? A gusto del lector.
Finalmente, los últimos implicados somos nosotros, los que compramos los pantalones a quince euros y las camisetas a seis en Zara. El mundo de hoy día permite que un euro generado en un país rico se convierta en una fortuna en Bangladesh; fortuna que no va a parar al trabajador, sino a un intermediario. Los intermediarios tienen su legítimo derecho a lucrarse, como parte necesaria del comercio, pero según el modelo actual, es un negocio redondo. Si el dinero que pagamos se repartiera de forma justa–con todo lo etéreo de este concepto–entre todas las partes, la globalización sería un éxito. Pero no lo es. Se ha convertido en la gran estafa global; los pobres fabrican productos a sueldo de miseria, que los ricos pagan a un precio barato, y el fabricante se queda con casi todo el margen.
Amancio Ortega es el tipo más rico del mundo a costa de explotar países tercermundistas, con el beneplácito de sus gobiernos, y nosotros, los clientes. Además de gastar nuestro dinero de forma responsable debemos exigir que los empresarios no abusen de su posición de poder, si es necesario limitando sus beneficios. Han demostrado que es posible ofrecer productos baratos y obtener márgenes desorbitados; bien, obliguémosles a reducir esos márgenes y a pagar mejor a sus fabricantes si quieren vender en nuestro país. Con una tasa de paro del 27%, si queremos reactivar la economía, reactivemos la manufactura local, cargando a impuestos estas prácticas. La deslocalización es competencia desleal, nos empobrece a largo plazo y sólo beneficia a unos pocos. Ah, y además, mata.
El Celler de Can Roca ha sido nombrado el mejor restaurante del mundo. Hace no mucho, El Bulli era referencia mundial en innovación culinaria. A la zaga tenemos a Ruscalleda, Arzak y demás, que dedican su vida a innovar, ofrecer comida más sana y variada, y recuperar la cocina de proximidad y temporada, olvidada y recuperada gracias a la crisis. La cocina española es lo primero que echamos en falta cuando salimos del país y nos vemos obligados a comer con mantequillas, conservas o sin fruta ni verdura.
No son pocos los que piensan que la cocina de esferificaciones y aromas de cardamomo son una chorrada, y abogan por las judías con chorizo de toda la vida, el pan con chocolate, el chuletón. Supongo que por ignorancia o el simple chascarrillo obvian que la alta cocina es ciencia y que, igual que a los agnósticos de la Fórmula 1 nos da igual que Alonso llegue primero o último, sí nos alegramos cuando nuestro coche lleva ABS, airbag, sistema anti colisiones o aparca solo. Las innovaciones permean hasta las últimas capas de la sociedad, y cuando un chef descubre una nueva forma de presentar un plato, ya sea la famosa esferificación o el cambiar el sabor y apariencia para ofrecer “bistecs de acelgas” o “aroma de entrecot”, algún enfermo o alérgico se regocija por la mejora en su calidad de vida.
El conservadurismo, vamos, algunos lo llevan hasta la cocina. Seguramente, para un gastrónomo de hace 4000 años, las judias con chorizo, el chocolate o el chuletón a la plancha también serían cosa de “modernos”. Todo avanza, y afortunadamente, nuestra cocina es de categoría, sana y barata. Abracémosla y congratulémonos del éxito. Somos los mejores en algo, y es para bien de todos.
El indulto es una figura jurídica que se reserva el gobierno como última palabra después de una condena judicial. Aunque sea totalmente digital (lo decide a dedo el Presidente), sirve para hacer cumplir el espíritu de la ley cuando su aplicación literal lo hace imposible. Todos los condenados, con antecedentes o sin ellos, lo pueden pedir al Presidente del Gobierno. Ser indultado no significa ser inocente, más bien un “venga, sabemos que no lo vas a hacer más, vete a tu casa”.
En muchos casos los indultos son bien recibidos por la opinión pública, incluso muchos se solicitan con miles de firmas. Se aplica muchas veces para no encarcelar a personas que habían delinquido hace muchos años, y que ahora, con família, trabajo y ningunas ganas de reincidir, el indulto realmente hace justícia.
No es el caso este de Alfredo Sáenz. En el primer consejo de ministros después de las últimas elecciones españolas, el entonces presidente Zapatero, ya en funciones, indultó parcialmente a Alfredo Sáenz. El delito por el que fue condenado es una falsa acusación a varios empresarios en 1994. Un delito grave, por tanto. ¿Merecía el indulto antes de tu marcha, ZP? Posteriormente la justicia revocó el indulto. Y sorprendentemente (o no tanto), el nuevo presidente Rajoy le preparó un traje a medida. Un cambio en la Ley que le permitiera continuar ser directivo de banca aunque tuviera antecedentes penales. Afortunadamente, el Banco de España parece que se oponía, y ayer Alfredo Sáenz dejó el oficio para siempre. Con el dinero que cobrará de su empresa no me meto. Es una empresa privada, solvente y que no ha pedido ni recibido ayudas públicas. ¿Por qué este gran interés del PPSOE en que Sáenz no tenga que salir por la puerta de atrás? ¿Se merece la población ver que el gobierno salva las cajas y tolera o indulta a los que han actuado mal? Después pasa lo que pasa con la abstención y las nuevas formas de protesta de los ciudadanos.
Siempre que muere alguien, la familia aparece por la televisión pidiendo “justicia” para el acusado. “Nosotros solamente queremos justicia”, afirman, como si fuera su derecho inalienable. El problema es que esta palabra tiene dos acepciones; la primera significa “dar a cada uno lo que le corresponde” y la segunda significa “castigo, venganza”. Estas víctimas, pese a no dejar de serlo, juegan con la doble acepción, asumiendo la fachada de benevolencia y simpatía de la primera—”es de justicia”—pero intentando obtener la segunda.
Seamos sinceros; una vez se ha cometido un crimen, ya no hay justicia posible, sólo venganza y retribución. Si un tipo me roba veinte euros, y un juez le obliga a devolvérmelos, ¿se habrá hecho justicia? ¿y si además le impone un pequeño castigo? Cuando hay daños personales de por medio, la cuestión se hace irresoluble. Nada repone el valor de la salud o la vida humana. Las víctimas quieren venganza.
Si le preguntaran al pequeño de los Tzarnaev si se arrepiente y estaría dispuesto a reparar el daño causado en la medida de lo posible, seguramente diría que sí. Mírenlo, tiene cara de buena persona. Lo digo de verdad. Seguramente se arrepiente de haber tomado la peor decisión de su vida, y no solamente porque le hayan pillado. Incluso, creo, sería capaz de salir por TV lamentándose de todo, pidiendo perdón, y animando a futuros yihadistas a pensar en las consecuencias de sus actos. Pero eso ya no importa. Las víctimas tendrán su retribución, Tzarnaev acabará, si tiene suerte, suicidándose en una celda, nos eliminarán unos pocos derechos civiles más, y dentro de cuatro meses volverá a haber un bombazo en los Estados Unidos. Ya me dirán de qué sirve esta justicia, si no es para que unos pocos sientan una pequeña erección cuando ven electrocutar al culpable, mientras otros la sientan al ver elevado al siguiente mártir.
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