En los últimos programas hemos inaugurado una nueva broma interna, que consiste en anotar los «agravios» que recibe la sociedad, ya sea por parte de políticos, jetas o similares.

Por ejemplo, que Esperanza Aguirre privatice la sanidad madrileña es discutible, pero que diga que ella destapó la trama Gürtel es un agravio a la inteligencia de la sociedad. Que Fèlix Millet desfalque las cuentas del Palau de la Música es un delito, pero que robe dinero de una fundación para niños con deficiencias es otro agravio y, además, «feo de cojones».

En el tema que nos ocupa hoy, juzgar a Garzón por prevaricación es discutible y posiblemente–no, ¡seguro!– tiene implicaciones políticas franquistas de fondo. Pero eso es una cuestión que deberán decidir los jueces.

Ahora bien, que éstos critiquen que la ciudadanía se posicione, eso, amigos, ¡es un agravio como la copa de un pino!

¿Qué creen, que por haber estudiado Derecho y haber sacado unas oposiciones están por encima del bien y el mal y exentos de rendir cuentas a nadie? El trabajo de los jueces, sean de primera instancia, del Supremo o de pasantes en una asesoría, siempre ha de estar sujeto a crítica. Si no son capaces de aguantar la presión o no desean que los ciudadanos opinemos sobre lo que nos parece correcto, acabáramos.

De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda el silencio sobre las decisiones judiciales. El «acato pero no comparto», sin declaraciones posteriores. Pues a mí me parece inaceptable.

Que se han de acatar, sí. Son las reglas del juego. Pero también se pueden comentar, argumentar, debatir, mostrar la conformidad o disconformidad. Ya no vale afirmar «dejemos que los jueces trabajen» en una especie de burbuja inaccesible para el resto de los mortales y apartados de la sociedad, éstos han de rendir cuentas como cualquier funcionario público. Todos sabemos que deben hacer cumplir la ley, y las leyes las redactan los políticos, pero casos como el del Estatut de Catalunya demuestran el doble rasero con el que se puede actuar cuando se es magistrado.

En la mayor democracia del mundo, los Estados Unidos de América, cuando hay elecciones, se vota no sólo al representante político sino también al jefe de policía, al juez y una serie de funcionarios públicos que deben rendir cuentas frente a sus ciudadanos. Eso es separación de poderes. Eso es un verdadero control democrático frente a los caraduras y jetas que llevan apoltronados desde la época de Paquito.

Me indigna que se decida imputar a un juez por levantar la liebre sobre el Pacto de Silencio que todavía hoy sigue en vigor. Cuarenta años después y todavía sentimos el olor franquista que se filtra por los poros de nuestra débil democracia. La dictadura nos legó un enorme grano en el culo, de esos que no se ven hasta que uno se lo toca y desata la furia que lleva enquistada varias décadas.

Me reitero; el enjuiciamiento de Garzón, pese a lo miserable de sus intenciones, debe estar sometido a debate y crítica, como todos los aspectos de la vida. Pero eso también incluye a los jueces y sus decisiones.